Además de las medidas fiscales y con el mismo objetivo de frenar la «burbuja» del mercado de alquiler, el consejero también ha propuesto modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, para elevar a cinco años el plazo de los contratos de alquiler, actualmente en tres, para dar «mayor estabilidad y certeza» a la relación entre inquilinos y arrendatarios.
A esas dos iniciativas se uniría una tercera que consistiría en el establecimiento de unos precios de referencia por metro cuadrado para las viviendas de alquiler en función de su situación y características, y en colaboración con los ayuntamientos.
