Los ocho jóvenes reciben penas máximas de entre 2 y 13 años de cárcel por los delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad y odio.
La Sala considera que actuaron por motivos ideológicos y de animadversión a la Guardia Civil.
Ahora bien, la Sala aplica las penas máximas de cada uno de los delitos porque considera que existió el agravante de abuso de autoridad y odio.