El valor de mercado de estas pilas ascendía a unos 28.000 euros y podrían explotar al ser expuestas a sobrecargas o a un uso intensivo del dispositivo en el que estuvieran instaladas, con el consiguiente riesgo que supondría para la salud de las personas. Además, también podrían causar daños por inutilización o por incendio. Aun así, los delitos que se les han imputado son el delito contra la propiedad industrial y la estafa. Cuanto menos, sorprendente.