El texto acordado recoge el objetivo de «flexibilizar la regulación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la producción, el consumo, el almacenamiento, el intercambio y la gestión de las energías limpias de forma individual o colectiva». Asimismo, se emplaza al Gobierno central a crear un marco legal y administrativo que proteja el derecho de la ciudadanía a producir energía eléctrica en igualdad de condiciones que las empresas mediante la derogación del denominado «impuesto al sol».