Las familias vascas con dos hijos podrán cobrar tres anualidades de ayudas económicas

Estas ayudas se mueven entre los 400 y 900 euros, en función de la renta familiar estandarizada. Por ejemplo, para una renta inferior a 20.000 euros la cuantía es de 900 euros, para una superior a 20.000 e igual o inferior a 30.000 euros de 500, y para una superior a 30.000 euros de 400.
Además, Artolazabal ha señalado que tiene efectos retroactivos y se aplicará a todas las familias que el año pasado cobraron la segunda prestación. El presupuesto reservado es de 5,5 millones de euros y se prevé que puedan beneficiarse este año un total de 6.800 unidades convivenciales con dos hijos.
Otra de las novedades de esta modificación permite que se incluya en el cómputo de hijos a los que cuentan con entre 18 y 25 que vivan en el domicilio familiar y dependan económicamente de la renta de sus progenitores. Si se tienen en cuenta estos supuestos la ampliación de la ayuda llegará a 7.403 familias este año.
El decreto recoge también mecanismos para que la ayuda llegue a los hogares en los que el solicitante inicial sea privado de la guarda y custodia por distintos motivos como ser autor de un delito de violencia machista. Se dará opción a la persona que se haga con la custodia a volver a pedirla, aunque esté fuera de plazo.
También se beneficiarán de la modificación las familias que tengan a niños en adopción y tutela. Hasta ahora la fecha que marcaba el inicio del plazo para la solicitud era la de la resolución judicial o documento análogo constitutivo de la adopción nacional o internacional, o de la tutela o la fecha de notificación a la persona solicitante de los citados documentos.
Ahora el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comienza el día siguiente a la fecha de la inscripción de la adopción, nacional o internacional, en la oficina del Registro Civil correspondiente, incluidas las consulares.
También se introducen cambios en caso de separación para garantizar que la ayuda llegue en atención al interés de los menores.
Las ayudas son universales, aunque están ligadas a la renta estandarizada, y son un derecho subjetivo, por lo que si se agota la partida presupuestaria el Gobierno vasco estaría obligado a buscar nuevos recursos para cubrir todas las peticiones.