El motivo más frecuente de las sanciones ha sido la no ocupación de la vivienda protegida, ya que la normativa exige que estas sean utilizadas como residencia principal y permanente por el adjudicatario.
También se impusieron sanciones por alquilar los pisos sin autorización. El Gobierno vasco ha puesto un ejemplo de estas sanciones como la de un propietario que puso en alquiler su vivienda de VPO en una conocida plataforma para alojamientos turísticos, a quien se le ha multado con 1.500 euros por no ocupar permanentemente la vivienda y con otros 10.000 euros por un alquiler no autorizado.