Calendario electoral en Euskadi

Los partidos vascos deben presentar sus candidaturas entre el 26 de febrero y el 2 de marzo para concurrir a las elecciones autonómicas del 5 de abril, cuya campaña comenzará el viernes 20 de marzo.
El decreto de disolución del Parlamento Vasco se publicará este martes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y a partir de ese momento comienzan a correr los plazos recogidos.
Los partidos deben presentar ante las distintas juntas electorales sus listas en el plazo comprendido entre 15 y 20 días desde la publicación del citado decreto, en este caso, entre el 26 de febrero y el 2 de marzo.
Una vez concluida la presentación de candidaturas, se publicarán las listas en el BOPV para que se puedan presentar impugnaciones y se subsanen errores, y el 9 de marzo se hará la proclamación oficial de candidatos.
La campaña electoral comenzará el 20 de marzo, viernes, aunque los partidos adelantarán unas horas sus actos de apertura y los harán durante la noche del jueves, 19 de marzo, día festivo en la CAV. El sábado 4 de abril será la jornada de reflexión y al día siguiente se celebrarán las duodécimas elecciones al Parlamento Vasco desde el fin de la dictadura.
La undécima legislatura vasca concluye con la aprobación de 26 leyes en el Parlamento, 18 de ellas remitidas por el Gobierno de coalición PNV y PSE-EE, incluidas las presupuestarias, y el resto registradas por los grupos como proposiciones normativas. El adelanto electoral conlleva la disolución de la Cámara, lo que ha provocado la paralización de varios proyectos y proposiciones de ley que estaban en tramitación. moni
Dejando al margen las leyes de presupuestos, de las 30 normas que pretendía aprobar el Gobierno Vasco y que incluyó en sus planes legislativos, el Parlamento ha aprobado únicamente 8
De esta forma el fin de la legislatura desactiva proposiciones de ley que estaban en tramitación como la de la garantía al derecho a saber euskera, las relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, la limitación del precio del arrendamiento de viviendas, o la modificación de la ley de juego.