Jubilados y pensionistas vascos, concentrados este lunes de nuevo en las capitales y otros municipios en defensa de una pensión mínima de 1.080 euros al mes, entre otras demandas, han expresado sus temores a que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo apruebe nuevos «retrocesos y recortes».
En Bilbao, cientos de jubilados y pensionistas han vuelto a congregarse ante el Ayuntamiento para reivindicar pensiones «públicas, dignas y suficientes», según han destacado sus portavoces.
Los pensionistas han recordado que preparan un acto en Vitoria para el próximo 18 de marzo con el fin de expresar sus reivindicaciones ante el Gobierno Vasco y el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que también tienen intención de viajar a Madrid en las próximas semanas -en fecha aún por concretar- para exponer sus demandas ante el Gobierno central.
La Comisión del Pacto de Toledo reanudó sus trabajos el pasado martes bajo un clima de consenso y con la intención de partir de los trabajos ya iniciados en la XII Legislatura, lo que incluye la recomendación de revalorizar las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) real.
Jon Fano, uno de los portavoces del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, ha reprochado que los representantes del Pacto de Toledo «no contemplen subir más las pensiones más bajas y no contributivas», ni «acercarse a la pensión mínima de 1.080 euros».
Ha criticado también que se estudie aplicar todos los años de vida laboral al cálculo de la pensión, al considerar que ello supone que las pensiones «van a bajar de modo significativo», y que las pensiones de viudedad puedan quedar «subordinadas» al ingreso de la unidad convivencial.
Fano ha dicho que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos puede tomar medidas que mejoren las pensiones «sin necesidad del consenso con la derecha», aunque ha agregado que no tiene confianza en que ello vaya a producirse, por lo que los pensionistas deberán seguir «apretando» con sus movilizaciones. «Nos guste o no, hay que seguir peleando», ha destacado.
En Vitoria, los pensionistas alaveses han vuelto a poner el foco de sus críticas en los fondos privados de inversiones y, más concretamente, sobre la denominada «mochila austriaca», «un fondo de capitalización individual», han explicado, «creado en 2003 en Austria donde al no existir las indemnizaciones por despido, cada empresa invierte a nombre de cada trabajador un porcentaje de su salario bruto en una entidad financiera».