Un mes después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha adoptado la decisión de intervenir todos los centros privados de diagnóstico clínico para ponerlos a disposición del sistema público de salud y colaborar en la realización de pruebas de Covid-19, tanto PCR como los test rápidos de detección de anticuerpos.
Asimismo, el ministerio de sanidad controlará el precio de estas pruebas, que deberán ser prescritas por facultativos, para evitar «situaciones abusivas».
De esta forma a partir de ahora los laboratorios privados deben estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes y tambien para notificar a la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma los casos de coronavirus detectados. Estas medidas estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma.
Así lo establece la Orden SND/344/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, que también dispone que los centros privados deben notificar los casos detectados de coronavirus así como la compra de test rápidos diagnósticos, especificando a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados el tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.