El Ministerio de Consumo quiere prohibir los números de tarificación adicional, los conocidos como 902, que se utilizan en numerosos servicios telefónicos de atención al cliente, porque «no pueden ser un coste para los consumidores y un negocio para unas pocas empresas».
Según han informado fuentes del Ministerio que dirige Alberto Garzón, con esta medida «de justicia social» se pondrá fin «a un abuso generalizado y agravado en el contexto del covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad».
Por ello, la nueva normativa prohibirá cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, entre los que figuran los 902, que son los más extendidos.
Para ello, se abrirá previamente un proceso de consulta pública a la ciudadanía y trabajo con las asociaciones de consumidores y sociedad civil, según las fuentes, que recuerda que legalmente las empresas deben disponer de un número que no tenga coste superior al de la tarifa básica para los servicios de atención telefónica.