El Gobierno ha ampliado los plazos de las garantías legales de los bienes de dos a tres años. Se apuesta así por una mayor durabilidad de los productos para crear patrones de consumo más sostenibles, luchar contra la obsolescencia y reducir el impacto en el medio ambiente.
Además el ejecutivo también ha incrementado de cinco a diez años el tiempo mínimo en el que los fabricantes están obligados a disponer de piezas de repuesto, una vez que el producto deja de fabricarse, para garantizar su reparación.
La reforma, incorpora la durabilidad de un producto como criterio objetivo para que el consumidor evalúe si está conforme con la compra. Así cuando un bien no dure el tiempo que la empresa y el consumidor hayan pactado a través del contrato de compra, el cliente podrá elegir entre la reparación o la sustitución del mismo.
