La Audiencia Nacional archiva la causa contra Vitaldent al no quedar acreditada la estafa. El proceso comenzó en 2013 por una denuncia de los franquiciados por la que el empresario Ernesto Colman pasó 15 meses en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida.
Los investigadores sospechaban que un grupo de personas, entre ellas el entonces propietario de Vitaldent, diseñaron «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda», de manera que su cúpula recibía cada año 17 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena. Según las acusaciones, se daban sobrecostes a los franquiciados en la instalación, montaje y material de las clínicas. El juez Manuel García Castellón cree que no hay indicios suficientes para probar los delitos fiscales, ni los de estafa o apropiación indebida denunciados por lo que ha decidido archivar el caso.