En algunos comercios y establecimientos, aún se exige un gasto mínimo para poder pagar con tarjeta, lo que genera dudas sobre su legalidad. Esta práctica se basa en la comisión que los bancos cobran a los comercios por cada operación con tarjeta, la cual puede reducir el margen de beneficio de los pequeños negocios. Sin embargo, la legislación española permite que los establecimientos impongan un importe mínimo para pagar con tarjeta, siempre y cuando esté claramente señalado mediante carteles visibles. Esto no es ilegal, siempre que el establecimiento no cobre un recargo adicional por usar la tarjeta.
El motivo principal detrás de esta práctica es reducir las comisiones bancarias, aunque la tendencia ha cambiado, y cada vez más comercios permiten pagar con tarjeta sin importe mínimo. Las comisiones por transacción han disminuido, y muchos negocios asumen este coste para ofrecer mayor comodidad a sus clientes. De hecho, el 84% de los comercios ya no imponen restricciones. Solo el 16% mantiene un importe mínimo, con una media de 11 euros.
Aunque los comercios pueden optar por no ofrecer datáfonos (salvo en servicios obligatorios como taxis), en los casos en que sí lo hagan, no pueden cobrar un suplemento por el uso de la tarjeta. Además, los acuerdos con sistemas de tarjetas como Visa o MasterCard pueden sancionar a los comercios que impongan límites mínimos, por lo que esta práctica, aunque legal, tiende a disminuir.
En resumen, los comercios pueden exigir un importe mínimo para pagar con tarjeta si lo señalan adecuadamente, pero no pueden cobrar un recargo adicional por el uso del datáfono. La tendencia es que cada vez más comercios eliminen estas restricciones.
