Aprobada definitivamente la nueva normativa sobre animales en Bilbao que afecta, sobre todo, a perros, gatos y hurones. El objetivo principal es garantizar el respeto y buen trato a los animales de compañía, fomentar la adopción y combatir su abandono.
Entre otros, según lo aporbado en el pleno municipal, es obligatorio identificar y registrar a las mascotas, vacunarles contra la rabia y contratar un seguro de responsabilidad civil en el caso de los canes. Además, contempla la prohibición de criar o vender animales de compañía entre particulares. También la obligación de la recogida de los excrementos y la de limpieza de las micciones de los animales en la vía pública. Además, define, por primera vez, que el límite máximo de las correas de los perros, se establece en 2 metros y que antes de la cesión o transmisión de perros y gatos estos deberán ser esterilizados.
En el caso de los perros potencialmente peligrosos, será necesario castrar a los animales antes de salir del centro de cría. Si no fuera posible en ese momento, debe existir un compromiso firmado de realizarla lo antes posible y antes de que éstos cumplan 12 meses.
Además, se implementa un control de todos los gatos comunitarios del municipio para reducir progresivamente su población a través del programa CER (Captura, Esterilización, Marcaje y Retorno). Solo las colonias felinas reconocidas oficialmente por el Ayuntamiento de Bilbao podrán ser alimentadas por personas físicas, cumplan con los protocolos establecidos.
Medidas de control
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento de Bilbao ha reforzado las funciones de vigilancia e inspección. El régimen sancionador de la ordenanza clasifica las infracciones en leves (conductas que no provoquen daños físicos ni alteraciones de comportamiento animal); graves (aquellas actuaciones que impliquen daño o sufrimiento para el animal) y muy graves (conductas que provoquen la muerte o secuelas graves permanentes al animal).
Estas infracciones conllevan sanciones que varían desde los 100 euros hasta los 100.000 euros, dependiendo de su gravedad. Se busca así disuadir conductas que impliquen maltrato o abandono de los animales.
