El conflicto entre la empresa Grup La Pau, encargada del servicio de ambulancias en Euskadi hasta octubre, y sus trabajadores ha alcanzado un punto crítico debido al retraso en los pagos de salarios. En verano ya hubo problemas con el pago de extra de verano, de la que cobraron solo el 25% en agosto. Ahora vuelven a estar en la misma situación con las nóminas de octubre.

Esta situación ha llevado a que varios sindicatos, entre ellos UGT, ESK y LSB-USO, protesten y denuncien la falta de cumplimiento de las condiciones laborales por parte de la empresa. Desde su entrada en el contrato de ambulancias de Osakidetza, Grup La Pau ha acumulado sanciones por incumplimientos laborales, como el retraso en el pago de nóminas y otros problemas, situación que ha intensificado el malestar entre los empleados y generado una elevada conflictividad laboral​.

Hemos hablado con Manu Campos, del grupo UGT Anbulantziak, y nos ha mostrado su descontento con esta situación. Ha hecho especial hincapié en dejar claro que los trabajadores siguen trabajando a pesar de estas circunstancias porque «sabemos que es lo que tenemos que hacer». Así mismo ha dejado claro que saben que el Gobierno Vasco ha pagado a la empresa. «El gobierno paga mes a mes. El gobierno le ha dado el dinero para que se nos dé y la empresa no nos está dando ese dinero. A día de hoy nos está robando a nosotros y a toda la ciudadanía. Porque ese dinero ¿dónde está?», ha explicado.

Una despedida escalonada

El Gobierno Vasco y Grup La Pau acordaron el pasado octubre que la empresa dejara de prestar el servicio en Bizkaia y Álava antes de finales de noviembre de 2024. Esto permitirá que una nueva empresa tome el relevo para asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones, mientras se siguen tramitando las denuncias y las evaluaciones de las sanciones impuestas a Grup La Pau. El Departamento de Salud ha señalado que su prioridad es garantizar un servicio estable y de calidad, tanto para los pacientes como para los trabajadores afectados. Campos, ante esta premisa, nos ha contado que el gobierno tendría que haber hablado con ellos «porque somos parte implicada y sabemos cómo está el problema». «No nos ha citado. Solo ha hablado con la parte interesada, la empresa», ha sentenciado.