El Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción y uso de medicamentos veterinarios, ha generado una profunda preocupación entre los profesionales del sector. Las estrictas limitaciones impuestas, especialmente en relación con los antibióticos, dificultan la capacidad de los veterinarios para ofrecer tratamientos rápidos y efectivos a los animales.

Eva María Fernández, veterinaria en ejercicio, nos ha expresado la creciente ansiedad entre sus colegas: «Muchos compañeros están pensando en dejarlo porque no pueden con la tensión que implica trabajar así, con el miedo constante a cometer un error burocrático». Las sanciones por incumplimientos administrativos pueden alcanzar hasta 1.200.000 euros, lo que incrementa la presión sobre los profesionales.

Este decreto también generó preocupación en un  principio debido a la posibilidad de que animales no identificados, como los de colonias felinas o mascotas extraviadas, no pudieran recibir tratamiento. Sin embargo, una reciente rectificación oficial ha aclarado que los veterinarios podrán atender a estos animales, siguiendo procedimientos específicos para registrar su identidad y garantizar la trazabilidad.

La plataforma Veterinarios Unidos ha surgido como respuesta a esta problemática, buscando una implementación más práctica y justa del control de antibióticos. Entre sus propuestas destacan la necesidad de flexibilizar las restricciones para permitir decisiones clínicas basadas en el criterio profesional y la reducción de la burocracia que entorpece la atención sanitaria. Eva nos ha confesado que si se mantiene en la profesión es por este grupo que se ha creado, donde todos se apoyan en el día a día tras esta situación. «Vamos a seguir luchando, porque nuestra profesión nos encanta», ha asegurado.

Apoyo ciudadano y colaboración legislativa

Además, se ha lanzado una petición en Change.org para recabar apoyo de propietarios de animales y ciudadanos preocupados por el bienestar animal. La campaña destaca casos como el de Luna, una mascota que podría verse afectada por estas restricciones, y busca evitar situaciones similares en el futuro.

La comunidad veterinaria hace un llamado a las autoridades para revisar y adaptar la normativa, garantizando que las regulaciones no perjudiquen la salud de los animales ni la práctica profesional. La colaboración entre veterinarios, propietarios y legisladores es esencial para encontrar un equilibrio que proteja tanto la salud pública como el bienestar animal.