El Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción y uso de medicamentos veterinarios, ha generado una profunda preocupación entre los profesionales del sector. Las estrictas limitaciones impuestas, especialmente en relación con los antibióticos, dificultan la capacidad de los veterinarios para ofrecer tratamientos rápidos y efectivos a los animales. Por eso, el 5 de marzo, veterinarios de toda España protestarán ante el Ministerio de Agricultura en Madrid para pedir la eliminación de una normativa que consideran excesiva y un riesgo para la salud animal.

Eva María Fernández, veterinaria en ejercicio, nos ha expresado la creciente ansiedad entre sus colegas: «Muchos compañeros están pensando en dejarlo porque no pueden con la tensión que implica trabajar así, con el miedo constante a cometer un error burocrático». Las sanciones por incumplimientos administrativos pueden alcanzar hasta 1.200.000 euros, lo que incrementa la presión sobre los profesionales.

Apoyo ciudadano y colaboración legislativa

Además, se ha lanzado una petición en Change.org para recabar apoyo de propietarios de animales y ciudadanos preocupados por el bienestar animal. La semana pasada, la muerte de una perra de 9 años en Galicia por una sepsis evidenció las deficiencias del Real Decreto. Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, explicó que la mascota, una Jack Russell, no recibió a tiempo el antibiótico adecuado, lo que terminó siendo fatal. La normativa impidió administrarle un antibiótico más potente sin un cultivo previo que justificara su uso. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, su estado era crítico y no pudo salvarse.

La comunidad veterinaria hace un llamado a las autoridades para revisar y adaptar la normativa, garantizando que las regulaciones no perjudiquen la salud de los animales ni la práctica profesional. La colaboración entre veterinarios, propietarios y legisladores es esencial para encontrar un equilibrio que proteja tanto la salud pública como el bienestar animal.